Exigen cuentas a la gobernadora por importación ilegal de gas natural por parte de New Fortress

Exigen cuentas a la gobernadora por importación ilegal de gas natural por parte de New Fortress

Energy Administraciones municipales de Guaynabo, Cataño y San Juan también deben garantizar la seguridad de sus ciudadanos

San Juan, Puerto Rico, 24 de junio de 2020 – Ante el reciente anuncio de que la empresa New Fortress Energy (NFE) tendrá que rendir cuentas a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) por la conversión a gas metano (natural) de las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, sin los permisos de dicha agencia, organizaciones ambientales y comunitarias agrupadas en la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA), exigieron acción a la gobernadora Wanda Vázquez Garced ante los serios cuestionamientos señalados en las transacciones que realizan los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Negociado de Energía con las empresas privadas.

Para la profesora Julia Mignucci Sánchez, portavoz de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente y miembro de AERA, el futuro energético del país está en peligro y la gobernadora tiene que tomar acción.

“Estas denuncias sobre New Fortress Energy, que ya habían sido señaladas en un informe preparado por el Instituto para Economías Energéticas y Análisis Financiero (IEEFA por sus siglas en inglés) y la organización CAMBIO, tiene que llevar a la gobernadora a detener la movilización acelerada que está haciendo su gobierno, incluyendo a los directivos de la AEE, especialmente José Ortiz, para perpetuar el uso de más combustibles fósiles, en este caso el gas metano, mal llamado natural, y mantener la quema nociva a la salud del carbón”, expresó Mignucci.

Para la profesora mayagüezana, estas contrataciones por parte de la AEE, además de ilegales, “retrasan el cumplimiento con la política pública de mover al país hacia un 100% de fuentes de energía renovable, sin que, hasta ahora, tenga consecuencias legales para los empleados públicos que incumplen, cuyos salarios se pagan con el dinero del pueblo”.

El abogado ambiental Pedro Saadé, representante legal de AERA, realizó una pregunta directa al Negociado de Energía de Puerto Rico: ¿por qué el Negociado autorizó el contrato entre New Fortress y la AEE sin exigir antes que se obtuvieran todos los permisos?

“Se debe identificar a los responsables de autorizar la construcción ilegal del muelle de gas metano en la Bahía de San Juan, sin tomar en cuenta el alto riesgo a la vida y propiedad que se impuso a las familias y negocios que ubican cerca a las instalaciones que maneja y almacena un gas altamente explosivo, y sin participación ciudadana ni vistas públicas. ¿Quiénes en el Negociado de Energía y la AEE dieron paso a esa construcción sin verificar si la misma cumplía con todos los requisitos?, argumentó el abogado.

El Lcdo. Saadé añadió que la Gobernadora debe explicar si la AEE, que es una corporación pública bajo el Ejecutivo, le brindó toda o parte de la información sobre esta transacción ilegal o si, por el contrario, se le ocultó la misma.

Por último, Amy Orta Rivera, de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, instó a las comunidades a exigir transparencia y participación a la hora de decidir el futuro energético de la isla.

“Aquí existen otras opciones que no afectan la seguridad pública, son más costo efectivas y están acorde con la aspiración de tener un 100% de energía renovable para el 2050. En AERA hemos adoptado y presentado el proyecto Queremos Sol, que es un esfuerzo participativo y solidario de futuro, basado en fuentes renovables como son los paneles solares en los techos de los hogares, sin empresas que vengan a agenciarse millonarias inversiones de forma ilegal o a seguir contaminando el ambiente y afectando la salud de las personas. Lamentablemente, el gobierno sigue haciéndose de la vista larga ante esta crisis de credibilidad en el proceso energético”, expresó Orta.

Los líderes de AERA hicieron un llamado a las administraciones municipales de Guaynabo, Cataño y San Juan, municipios en contacto con la Bahía de San Juan, para que exijan garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

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