Tania Vázquez Rivera: cuando la incomunicación y las mentiras son política pública

Tania Vázquez Rivera: cuando la incomunicación y las mentiras son política pública

Por: Víctor Alvarado Guzmán

        Asesor Ambiental

Al analizar la actuación de Tania Vázquez Rivera al mando de agencias fusionadas como la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), es difícil explicar por qué aún la retienen en su puesto.

Máxime cuando su incomunicación con las comunidades y reiterada falta de transparencia han permeado cada uno de sus días al cargo.

Nominada por el gobernador

Desde que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares la nominó en diciembre de 2016 para dirigir el DRNA, y poco después para presidir simultáneamente la JCA, voces experimentadas y líderes ambientales expresaron, desde reservas, hasta preocupación hacia la designada.

Uno de los primeros fue el planificador Luis Jorge Rivera Herrera, científico ambiental y ganador de Premio Goldman, un galardón mundial que se concede anualmente a baluartes de la naturaleza y el medio ambiente.

Según alertó, cuando la administración del exgobernador Luis Fortuño derogó la reserva natural del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) y cuando afloraron las propuestas para el gasoducto del norte y la planta de incineración en Arecibo, Vázquez Rivera fungía como subsecretaria del DRNA.

De igual modo, la coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, Myrna Conty, advirtió que mientras la funcionaria codirigía el DRNA junto al notorio Daniel Galán Kercadó, se firmó de manera irregular un acuerdo con la empresa incineradora Energy Answer para extraer agua del Caño Tiburones. Para este último, ambos funcionarios certificaron datos falsos.

Además, contrario a lo que pregonó Vázquez Rivera en una columna de su autoría el 21 de diciembre del 2016, cuando aseguró que tendría “una política de puertas abiertas para escuchar los reclamos de las comunidades", -o como aseveró cinco días después en una entrevista donde dijo que todos los grupos tendrían “oportunidad de diálogo en el DRNA”- la funcionaria nunca respondió a una simple petición de reunión con la Coalición que dirigía Conty.

El mismo patrón de conducta se repitió cuando las organizaciones que lideran la resistencia contra el depósito de cenizas en Peñuelas solicitaron reunirse con la presidenta de la JCA al inicio del 2017. Vázquez Rivera nunca contestó la petición.

Dudas en la Legislatura

Durante las vistas para su confirmación en el Senado el 13 de enero de 2017, varios legisladores cuestionaron el conflicto de interés e institucional que podría acarrear el que una sola persona dirigiera el DRNA y la JCA.

A esta opinión se sumaron el experto en Derecho Ambiental, Pedro Saadé Lloréns, y el reconocido planificador Félix Aponte Ortiz.

Saadé Lloréns también alertó que la consolidación de ambas agencias propiciaba el debilitamiento de las políticas de protección a la salud y los recursos naturales, ya que perdían terreno ante la influencia y predominio del sector privado empresarial en la toma de decisiones del gobernador Rosselló Nevares.

Los argumentos esgrimidos por Vázquez Rivera para defender su doble rol, sin embargo, crearon suspicacia entre los senadores. Por ejemplo, su alegación de que ambas agencias pueden emitir multas, una hacia la otra, dejó al descubierto su insensata postura.

Al final, el senador del Partido Independentista Puertorriqueños (PIP), Juan Dalmau Ramírez; el senador independiente José Vargas Vidot, y la delegación del PPD votaron en contra del nombramiento de Vázquez Rivera. Aun así fue confirmada.

Señalamientos y petición de renuncia

A pocos días de su certificación, comenzaron los señalamientos y problemas. El 7 de febrero de 2017, el periódico Claridad denunció que Vázquez Rivera había nombrado a puestos importantes a candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) que no habían prevalecido en las elecciones.

Entre ellos a Jerón Muñiz Lassalle, candidato a la alcaldía de Quebradillas, y a Rafael Picó Seda, candidato a la alcaldía de Salinas. Muñiz Lassalle fue nombrado como ayudante especial y Picó Seda como secretario interino de la Secretaría Auxiliar del Manejo de Conservación de Áreas Naturales y Biodiversidad del DRNA. Esto a pesar de que ninguno de los dos cuenta con preparación, ni experiencia profesional en asuntos ambientales.

Tres meses más tarde, el 18 de mayo de 2017, el senador del PNP por el Distrito de Ponce y exvigilante del DRNA, Nelson Cruz Santiago, reclamó la renuncia de Tania Vázquez. En esencia, por no atender una querella que él había sometido cuatro meses antes por el depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico.

Si “no puede o tiene miedo y, si no puede con el empuje, que renuncie”, advirtió el senador a la presidenta de la JCA.

En agosto de ese mismo año, el representante del PIP, Denis Márquez Lebrón, también acusó a Vázquez Rivera de no cumplir con la función ministerial de entregar documentos públicos y radicó un recurso legal contra la JCA, luego de que la presidenta ignorara solicitudes escritas de información sobre el depósito de cenizas en el vertedero de Peñuelas.

Tras presentar la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Vázquez Rivera argumentó que el legislador había radicado la petición de información en el lugar equivocado.

Sin embargo, el representante mostró evidencia de que desde el 12 de julio de 2017, tres meses antes, la oficina de Vázquez Rivera había recibido la petición escrita de Márquez Lebrón y que posteriores comunicaciones se entablaron con funcionarios de la propia agencia.

Durante ese conflicto público, la empresa AES reanudó el depósito de cenizas tóxicas de carbón en el vertedero de Peñuelas, con el aval de la secretaria Vázquez Rivera. 

Aun así, la presidenta de la JCA admitió a un periódico nacional que su agencia no podía validar si AES efectivamente transportaba Agremax (mezcla de cenizas humedecidas) al vertedero de EC Waste, dijo que desconocía cuántas toneladas de cenizas se habían depositado y reconoció que no había inspeccionado el acarreo de este material.

Comunicación en picada

El 6 de abril de 2018 se radicó una querella en las oficinas de la JCA, por malos manejos de lixiviados en el vertedero de Peñuelas, luego de que residentes peñolanos intentaron infructuosamente, por cinco días, hacerlo por teléfono.

El número de querella nunca fue entregado a los querellantes.

Seis semanas después, en una reunión con la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) a la que asistió Tania Vázquez, la funcionaria ofreció verbalmente el número de querella e informó que personal técnico había inspeccionado el vertedero de EcoSystems.

Los querellantes nunca recibieron la información sobre la inspección ni el informe sobre las conclusiones de la JCA a la querella presentada.

El pasado 7 de julio, el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, también tildó de “irresponsable e insensible” a la secretaria del DRNA por hacerse de la vista larga ante múltiples reclamos de varias comunidades en Vega Baja, que llevan meses solicitando que se le dé mantenimiento a cuerpos de agua que amenazan sus hogares.

El representante comentó que tanto él, como el alcalde de Vega Baja, llevaban meses intentado comunicarse con la secretaria y que la servidora pública ni siquiera se había molestado en contestar.

En problemas por las cenizas

Por otro lado, en la discusión pública sobre las cenizas de carbón, Vázquez Rivera ha demostrado que está claramente incapacitada para dirigir la JCA.

Claro ejemplo es su postura de que las cenizas de carbón no son peligrosas, a conciencia de que los dos métodos analíticos que utiliza su agencia y la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) son inefectivos.

La evidencia más contundente de esto trascendió el 16 de julio de 2012, cuando el entonces jefe de la Subdivisión de Cumplimiento de la Ley Federal de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA), George C. Meyer, escribió a la JCA una carta donde puso en duda la efectividad de los “dos métodos analíticos de lixiviación”. Los mismos métodos que la actual presidenta de la JCA defiende.

Otro testimonio de su incompetencia es su continuo proceder. Los mismos reglamentos federales que ella tanto defiende le permiten a Vázquez Rivera y a sus agencias ser más estrictos que la propia ley federal. Por eso, su poder le permite ordenar exámenes y métodos más confiables, solicitar pruebas de particulado radiactivo a las cenizas, prohibir el depósito en los vertederos y clasificar los residuos de carbón como peligrosos. Pero Vázquez Rivera no lo hace.

Como si no fuera suficiente, una imprevista inspección aérea realizada el 1 de septiembre de 2017 por una delegación del Senado, evidenció la “dejadez e incompetencia” de la JCA ante las reiteradas denuncias de las comunidades cercanas al vertedero de EC Waste en Peñuelas y a la empresa AES en Guayama.

Como reseñó el periódico La Perla del Sur, el manejo inadecuado de las miles de toneladas de cenizas depositadas en el vertedero de EC Waste -contrario a lo que ordenan resoluciones de la JCA- quedó al descubierto.

Del mismo modo, la inspección documentó la ausencia de medidas de mitigación de polvo fugitivo y la acumulación ilegal de cientos de miles de toneladas de residuos de carbón en la planta de AES, en clara violación a la cláusula contractual con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que limita a 180 días el máximo de tiempo permitido para que este desperdicio se almacene en el país, lo que prueba una clara violación al estado de derecho y denota la negligencia y complicidad de Vázquez Rivera.

Ordena, pero AES no hace caso

Incluso cuando la JCA aparenta “sacar pecho” contra AES, el resultado es inconsecuente.

Tras el paso de los huracanes Irma y María el pasado año, la JCA ordenó a la empresa AES cubrir los residuos de la combustión del carbón que mantienen al descubierto para evitar el polvo fugitivo y salvaguardar la salud y seguridad de los residentes de las áreas circundantes a la planta (Ref. Núm. 17-14 y 17-21).

De forma temeraria y prepotente, la carbonera AES se negó a cumplir y, aunque la JCA los multó, la empresa apeló la decisión ante la propia agencia y a estas alturas, a casi un año de la falacia, la montaña de cenizas continúa a la intemperie.

Todo esto con un agravante del que Tania Vázquez es cómplice. Como demostraron La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo, un estudio pagado por AES detectó partículas radiactivas y metales pesados como arsénico, cromo, selenio y molibdeno en las aguas subterráneas de la carbonera: situación que se agravó luego de las copiosas lluvias del huracán María.

Y el reglamento ¿pa’ cuando?

Para rematar, el 7 de marzo de 2018, Tania Vázquez aseguró a El Nuevo Día que el reglamento sobre el manejo de cenizas de carbón estaba hecho, que en ese momento el documento se encontraba bajo evaluación de la EPA y que en dos meses estaría disponible para recibir comentarios públicos.

Sin embargo, cinco meses después, durante una actividad del Colegio de Químicos de Puerto Rico, la directora de la EPA a nivel del Caribe, Carmen Guerrero Pérez, negó que la agencia federal estuviera evaluando dicho reglamento.

“Sabemos que la Junta tiene un interés en desarrollar un reglamento enfocado en los residuos de combustión del carbón. Se está trabajando en el mismo, pero desconocemos para qué fecha será publicado para comentario público y luego, entonces, poder adoptarlo finalmente”, aseveró Guerrero. Esta sola declaración desmiente a Tania Vázquez Rivera.

De igual modo, el pasado 4 de julio, justo cuando se cumplía un año de la aprobación de la polémica Ley 40, el senador Larry Seilhamer Rodríguez reconoció que la JCA ha incumplido con el mandato del Senado y la ley, al no haber entregado -incluso con prórrogas- el reglamento para su implementación.

Ante tanta ineficacia y desdén, ya nadie debe dudarlo. Para Tania Vázquez Rivera, la incomunicación y la mentira son la política pública.

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