Adicción al
carbón: arma para la codicia corporativa de AES
Por: Víctor Alvarado Guzmán
Comité
Diálogo Ambiental
"La Tierra
proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada ser humano,
pero no la de su codicia", Mahatma Gandhi (1869-1948), abogado y activista indio.
En términos generales, la
psicología define la adicción como un
hábito de conductas peligrosas -o de consumo de determinados productos- de las
cuales no se puede prescindir por razones de dependencia.
Y a juzgar por la política
oficial del gobierno de Puerto Rico, esta administración es irremediablemente adicta al consumo de carbón para generar
energía eléctrica.
Para colmo, al igual que
ocurre con los drogodependientes, su adicción responde a la codicia de otros con
poder y caudales de capital. En el caso del carbón, a la codicia corporativa de
AES.
Director de la
AEE
El pasado mes de mayo, por
ejemplo, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE),
Walter M. Higgins III, envió a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos
Naturales del Senado una ponencia con su opinión sobre el Proyecto 773: una
iniciativa que pretende, entre otras cosas, definir la política pública del
país ante el cambio climático.
En ese informe, Higgins III
casi se abalanzó en defensa de la empresa AES, abogó para que su quema de
carbón permanezca en la isla, levantó la posibilidad de más inversiones en ese renglón
de generación fósil, y puso en duda la estabilidad y viabilidad de las fuentes
de energía renovable.
¡Fascinante! Mientras naciones
de Europa y América, incluyendo a los Estados Unidos, se desconectan de la
dependencia al carbón, aquí el director de la AEE, quien cobra un sueldo de
$450 mil (con la posibilidad de llegar a $900 mil mediante bonos), pretende
amarrarnos a perpetuidad a este combustible contaminante.
Igualmente interesante es que
en su ponencia, Higgins III nunca dedicara una línea a los estudios recientemente
publicados sobre el agua subterránea contaminada por el inmenso vertedero de
cenizas que mantiene la planta de AES en Guayama, o los efectos de la quema de
carbón en la salud de las comunidades próximas a esa instalación.
Es curioso que en marzo del
2018, Higgins III expresara que venía a “ayudar a la AEE y a Puerto Rico a
moverse hacia el futuro”, mientras sus posturas evidencian una clara intención de
apoyar a AES y estancarnos en el pasado.
Junta de Calidad
Ambiental
Cenizas de carbón son esparcidas por el viento en el 2009, en la construcción de la Urb. PArque Gabriela de Salinas. |
Pero esta no es la única
contradicción. Contrario a lo que le
recomendaron sus técnicos, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) también endosó dos
décadas atrás la construcción de la planta de carbón entre comunidades pobladas
de Guayama y, además, permitió que se desparramaran 2.7 millones de toneladas
de cenizas tóxicas de carbón sobre el suelo de 14 municipios, algunos de los
cuales alimentan cruciales acuíferos de agua potable.
Y cuando las ordenanzas
municipales imposibilitaron que AES continuara llevando su basura radiactiva a
estos pueblos, fue precisamente la JCA quien le ayudó a abrir las puertas de varios
vertederos para descartar allí sus cenizas, contrario a las garantías que ejecutivos
de la empresa habían dado al país en la década del 1990, contrario a lo que
establecía su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) e, incluso, en contra de
una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
En gran medida, los
conflictos, arrestos y confrontaciones del año pasado en Peñuelas, Guayama y
Humacao se debieron a la insistencia de la JCA de proteger a la AES y ayudarle
a ahorrar dinero en el manejo de sus cenizas, aunque con ello abandonara su
deber y misión: "proteger la calidad del ambiente" y preservar
"la calidad de vida de todos los puertorriqueños, así como de las futuras
generaciones".
En lugar de obligarlos a
cumplir con lo estipulado y acordado en un principio -que las cenizas serían
sacadas de Puerto Rico- la JCA violó la propia DIA de la planta y aprobó la
modificación del contrato original que hiciera la AEE, para permitirle mantener
este desperdicio industrial en la isla. Nuestra isla.
Incluso, a pesar de que el
depósito de 697,754 toneladas de cenizas en los vertederos de Humacao y
Peñuelas se hizo violando las resoluciones y disposiciones de la JCA, esto no tuvo
ninguna consecuencia por parte de la agencia ambiental.
Como si esto no fuera
suficiente, la manifiesta adicción al carbón de la administración del
gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha envalentonado a la actual dirección de
la JCA, que sin reparo repite el mismo mensaje de los relacionistas públicos y
propagandistas de la AES. Los ejemplos sobran.
Por eso ya no nos sorprende
que la presidenta de la JCA, Tania Vázquez Rivera, insista en llamar producto al Agremax, tal como AES nombra
a la mezcla de cenizas con agua, aunque - a la misma vez - la Agencia de
Protección Ambiental federal (EPA) subraye por escrito que el Agremax no es un producto, sino un desperdicio sólido
(basura) sujeto a requerimientos de manejo ambiental.
De igual modo, la misma presidenta
de la JCA ha empleado un lenguaje casi idéntico al del representante legal de
la planta de carbón, al intentar justificar la ya constatada contaminación del
agua subterránea bajo la cordillera de cenizas de AES en Guayama.
Y sin pudor alguno, Vázquez
Rivera ha llegado al insólito extremo de casi exonerar de culpabilidad a la
empresa, sin siquiera haber estudiado la evidencia disponible y aún antes de que
personal de su agencia finalizara la evaluación de los primeros datos
reportados.
Todo esto sin contar que, para
ella, las cenizas no son peligrosas. En su defensa, Vázquez Rivera recurre a
dos pruebas que la propia EPA ha reconocido como no confiables, al subestimar
el potencial de lixiviación de los elementos tóxicos y cancerígenos presentes
en las cenizas.
A pesar de que el estado de
Derecho le permite a Vázquez Rivera requerir otros exámenes y métodos de
evaluación, la funcionaria pagada con fondos públicos no lo hace, y continúa
descartando toda evidencia científica que advierta la peligrosidad y toxicidad
de este desperdicio industrial.
El gobernador y
su legislatura
Para rematar sus contradicciones,
el 23 de noviembre de 2016, el mismo día que se arrestaron a 41 personas que se
manifestaban contra el depósito de cenizas en Peñuelas, el gobernador Rosselló
Nevares expresó públicamente que estudiaría la posibilidad de exportar ese
desperdicio a otras jurisdicciones.
Al centro, el gobernador Ricardo Rosselló, junto a
senadores y titulares de agencias, durante la firma del
Proyecto del Senado 81.
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Sin embargo, el 4 de julio de
2017 y con el apoyo de la mayoría legislativa, el ejecutivo firmó la Ley 40,
una deformación del Proyecto del Senado 81 que le otorgó al Agremax asilo permanente
en la isla. Tan solo 48 horas luego de estampar su firma, comenzó una campaña
de 18 noches de incursiones atropelladas al vertedero de Peñuelas, que le permitió
a la alta gerencia de AES deshacerse de 15 mil toneladas de cenizas tóxicas.
Todo esto con el apoyo de decenas de camioneros y la protección de cientos de
policías de unidades especializadas, como Operaciones Tácticas, con motoras,
patrullas, helicópteros, focos y grúas en cada operativo.
Cabe destacar que entre esta
administración y la del exgobernador Alejandro García Padilla, la Policía de
Puerto Rico efectuó sobre 100 arrestos e incontables citaciones a los
tribunales, más que en cualquier otra manifestación por causa alguna, después
de la lucha por sacar de Vieques a la Marina de los Estados Unidos.
De rodillas ante
la codicia
Mientras todo esto ocurría, la
codicia corporativa de AES avanzaba y sus ganancias no dejaron de acumularse,
aunque fuera a costa de la salud de nuestras comunidades.
Aunque reportó $10.5 billones
en ingresos, solo durante el 2017, esa codicia corporativa no le permitió a AES
empeñar ni un centavo en una cubierta protectora para su montaña de cenizas en
Guayama, durante el paso de los huracanes Irma y María, dejando a su suerte a
los residentes cercanos a esa instalación.
Su conducta soberbia y
temeraria se ha repetido en otras comunidades de los Estados Unidos, como ocurre
en Bokoshe, Oklahoma y Montville, Connecticut; y no es distinta a la que
demostró el presidente de AES Puerto Rico, Manuel Mata Merino, quien el año
pasado fue capaz de mentir ante el Senado sobre la participación de su empresa
en la catástrofe ambiental ocurrida en el municipio dominicano de Arroyo Barril.
Con total desfachatez e
impunidad, el 28 de febrero de 2017, Mata Merino presentó a los senadores un
informe escrito que presuntamente exoneraba a AES de aquel desastre. Sin
embargo, el ejecutivo nunca aclaró que ese mismo informe fue declarado nulo por
la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Aun así, luego de que
quedara al descubierto su mentira, el gobernador y sus agencias lo siguen
protegiendo.
En cualquier lugar donde está una
planta de carbón de AES, desmejora la vida y la salud de la gente, y en lugar
de asumir su responsabilidad, sus ejecutivos optan por culpar a otros y evadir
su obligación con el ambiente y la calidad de vida de las comunidades a las que
laceran.
Ante todo lo expuesto, ya no
debe quedar duda. Ha llegado el momento histórico de romper con la adicción al
carbón, quebrar las cadenas de esa esclavitud y establecer un modelo energético
sustentable, que fomente la justicia social y fortalezca al corazón del país.
Su gente. Sus comunidades.
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