miércoles, 13 de junio de 2018

Adicción al carbón: arma para la codicia corporativa de AES


Adicción al carbón: arma para la codicia corporativa de AES
Por: Víctor Alvarado Guzmán
        Comité Diálogo Ambiental
                   
"La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada ser humano, pero no la de su codicia", Mahatma Gandhi (1869-1948), abogado y activista indio.



En términos generales, la psicología define la adicción como un hábito de conductas peligrosas -o de consumo de determinados productos- de las cuales no se puede prescindir por razones de dependencia.

Y a juzgar por la política oficial del gobierno de Puerto Rico, esta administración es irremediablemente adicta al consumo de carbón para generar energía eléctrica.

Para colmo, al igual que ocurre con los drogodependientes, su adicción responde a la codicia de otros con poder y caudales de capital. En el caso del carbón, a la codicia corporativa de AES.

Director de la AEE

El pasado mes de mayo, por ejemplo, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter M. Higgins III, envió a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado una ponencia con su opinión sobre el Proyecto 773: una iniciativa que pretende, entre otras cosas, definir la política pública del país ante el cambio climático.

En ese informe, Higgins III casi se abalanzó en defensa de la empresa AES, abogó para que su quema de carbón permanezca en la isla, levantó la posibilidad de más inversiones en ese renglón de generación fósil, y puso en duda la estabilidad y viabilidad de las fuentes de energía renovable.

¡Fascinante! Mientras naciones de Europa y América, incluyendo a los Estados Unidos, se desconectan de la dependencia al carbón, aquí el director de la AEE, quien cobra un sueldo de $450 mil (con la posibilidad de llegar a $900 mil mediante bonos), pretende amarrarnos a perpetuidad a este combustible contaminante.

Igualmente interesante es que en su ponencia, Higgins III nunca dedicara una línea a los estudios recientemente publicados sobre el agua subterránea contaminada por el inmenso vertedero de cenizas que mantiene la planta de AES en Guayama, o los efectos de la quema de carbón en la salud de las comunidades próximas a esa instalación.

Es curioso que en marzo del 2018, Higgins III expresara que venía a “ayudar a la AEE y a Puerto Rico a moverse hacia el futuro”, mientras sus posturas evidencian una clara intención de apoyar a AES y estancarnos en el pasado.

Junta de Calidad Ambiental

Cenizas de carbón son esparcidas por el viento en el 2009,
en la construcción de la Urb. PArque Gabriela de Salinas.
Pero esta no es la única contradicción. Contrario a  lo que le recomendaron sus técnicos, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) también endosó dos décadas atrás la construcción de la planta de carbón entre comunidades pobladas de Guayama y, además, permitió que se desparramaran 2.7 millones de toneladas de cenizas tóxicas de carbón sobre el suelo de 14 municipios, algunos de los cuales alimentan cruciales acuíferos de agua potable.

Y cuando las ordenanzas municipales imposibilitaron que AES continuara llevando su basura radiactiva a estos pueblos, fue precisamente la JCA quien le ayudó a abrir las puertas de varios vertederos para descartar allí sus cenizas, contrario a las garantías que ejecutivos de la empresa habían dado al país en la década del 1990, contrario a lo que establecía su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) e, incluso, en contra de una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

En gran medida, los conflictos, arrestos y confrontaciones del año pasado en Peñuelas, Guayama y Humacao se debieron a la insistencia de la JCA de proteger a la AES y ayudarle a ahorrar dinero en el manejo de sus cenizas, aunque con ello abandonara su deber y misión: "proteger la calidad del ambiente" y preservar "la calidad de vida de todos los puertorriqueños, así como de las futuras generaciones".

En lugar de obligarlos a cumplir con lo estipulado y acordado en un principio -que las cenizas serían sacadas de Puerto Rico- la JCA violó la propia DIA de la planta y aprobó la modificación del contrato original que hiciera la AEE, para permitirle mantener este desperdicio industrial en la isla. Nuestra isla.

Incluso, a pesar de que el depósito de 697,754 toneladas de cenizas en los vertederos de Humacao y Peñuelas se hizo violando las resoluciones y disposiciones de la JCA, esto no tuvo ninguna consecuencia por parte de la agencia ambiental.

Como si esto no fuera suficiente, la manifiesta adicción al carbón de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha envalentonado a la actual dirección de la JCA, que sin reparo repite el mismo mensaje de los relacionistas públicos y propagandistas de la AES. Los ejemplos sobran.

Por eso ya no nos sorprende que la presidenta de la JCA, Tania Vázquez Rivera, insista en llamar producto al Agremax, tal como AES nombra a la mezcla de cenizas con agua, aunque - a la misma vez - la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) subraye por escrito que el Agremax no es un producto, sino un desperdicio sólido (basura) sujeto a requerimientos de manejo ambiental.

De igual modo, la misma presidenta de la JCA ha empleado un lenguaje casi idéntico al del representante legal de la planta de carbón, al intentar justificar la ya constatada contaminación del agua subterránea bajo la cordillera de cenizas de AES en Guayama.

Y sin pudor alguno, Vázquez Rivera ha llegado al insólito extremo de casi exonerar de culpabilidad a la empresa, sin siquiera haber estudiado la evidencia disponible y aún antes de que personal de su agencia finalizara la evaluación de los primeros datos reportados.

Todo esto sin contar que, para ella, las cenizas no son peligrosas. En su defensa, Vázquez Rivera recurre a dos pruebas que la propia EPA ha reconocido como no confiables, al subestimar el potencial de lixiviación de los elementos tóxicos y cancerígenos presentes en las cenizas.

A pesar de que el estado de Derecho le permite a Vázquez Rivera requerir otros exámenes y métodos de evaluación, la funcionaria pagada con fondos públicos no lo hace, y continúa descartando toda evidencia científica que advierta la peligrosidad y toxicidad de este desperdicio industrial.

El gobernador y su legislatura

Para rematar sus contradicciones, el 23 de noviembre de 2016, el mismo día que se arrestaron a 41 personas que se manifestaban contra el depósito de cenizas en Peñuelas, el gobernador Rosselló Nevares expresó públicamente que estudiaría la posibilidad de exportar ese desperdicio a otras jurisdicciones.

Al centro, el gobernador Ricardo Rosselló, junto a 
senadores y titulares de agencias, durante la firma del 
Proyecto del Senado 81. 
Sin embargo, el 4 de julio de 2017 y con el apoyo de la mayoría legislativa, el ejecutivo firmó la Ley 40, una deformación del Proyecto del Senado 81 que le otorgó al Agremax asilo permanente en la isla. Tan solo 48 horas luego de estampar su firma, comenzó una campaña de 18 noches de incursiones atropelladas al vertedero de Peñuelas, que le permitió a la alta gerencia de AES deshacerse de 15 mil toneladas de cenizas tóxicas. Todo esto con el apoyo de decenas de camioneros y la protección de cientos de policías de unidades especializadas, como Operaciones Tácticas, con motoras, patrullas, helicópteros, focos y grúas en cada operativo.

Cabe destacar que entre esta administración y la del exgobernador Alejandro García Padilla, la Policía de Puerto Rico efectuó sobre 100 arrestos e incontables citaciones a los tribunales, más que en cualquier otra manifestación por causa alguna, después de la lucha por sacar de Vieques a la Marina de los Estados Unidos.

De rodillas ante la codicia

Mientras todo esto ocurría, la codicia corporativa de AES avanzaba y sus ganancias no dejaron de acumularse, aunque fuera a costa de la salud de nuestras comunidades.

Aunque reportó $10.5 billones en ingresos, solo durante el 2017, esa codicia corporativa no le permitió a AES empeñar ni un centavo en una cubierta protectora para su montaña de cenizas en Guayama, durante el paso de los huracanes Irma y María, dejando a su suerte a los residentes cercanos a esa instalación.

Su conducta soberbia y temeraria se ha repetido en otras comunidades de los Estados Unidos, como ocurre en Bokoshe, Oklahoma y Montville, Connecticut; y no es distinta a la que demostró el presidente de AES Puerto Rico, Manuel Mata Merino, quien el año pasado fue capaz de mentir ante el Senado sobre la participación de su empresa en la catástrofe ambiental ocurrida en el municipio dominicano de Arroyo Barril.

Con total desfachatez e impunidad, el 28 de febrero de 2017, Mata Merino presentó a los senadores un informe escrito que presuntamente exoneraba a AES de aquel desastre. Sin embargo, el ejecutivo nunca aclaró que ese mismo informe fue declarado nulo por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Aun así, luego de que quedara al descubierto su mentira, el gobernador y sus agencias lo siguen protegiendo.

En cualquier lugar donde está una planta de carbón de AES, desmejora la vida y la salud de la gente, y en lugar de asumir su responsabilidad, sus ejecutivos optan por culpar a otros y evadir su obligación con el ambiente y la calidad de vida de las comunidades a las que laceran.

Ante todo lo expuesto, ya no debe quedar duda. Ha llegado el momento histórico de romper con la adicción al carbón, quebrar las cadenas de esa esclavitud y establecer un modelo energético sustentable, que fomente la justicia social y fortalezca al corazón del país. Su gente. Sus comunidades.


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