Por Litzy Alvarado Antonetty
Candidata Alcaldía Salinas, PIP
Cada cierto
tiempo se publican, hacen serios señalamientos, son comentados en los medios de
comunicación (y ahora en las redes sociales), rara vez tienen consecuencias y finalmente
desaparecen del recuerdo con el tiempo.
Recientemente
la Oficina de la Contraloría de Puerto Rico emitió el Informe de Auditoría M-20-22
sobre las operaciones del Municipio de Salinas, el cual auditó el período entre
el 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2018, bajo la administración de la
actual alcaldesa Karilyn Bonilla Colón.
El Informe
reseña el aumento de $1,695,941.00 a $4,275,387.00 o un 152%, en el déficit
acumulado en el Fondo General, correspondiente a los años fiscales del 2014-15
al 2016-2017.
Además, contrario
al intento de la alcaldesa por minimizar el asunto, se encontraron “deficiencias
de controles internos significativas”, remisión tardía de los informes
mensuales de nóminas y de puestos a la Oficina del Contralor (las tardanzas
fluctuaron entre 10 y 1,006 días), concesión de tiempo libre a empleados sin
cargo a licencias y sin la aprobación de la Legislatura Municipal, y puestos
ocupados por funcionarios que no cumplían con los requisitos mínimos de ley.
Estas y otras
violaciones y deficiencias sí ocurrieron, fueron documentadas en el Informe, y
en ningún lugar dice que fueron “señalamientos menores” como argumenta Bonilla
Colón.
Discrimen por ideología
política
Hay un asunto
en el informe que debe llamarnos la atención: el costo que tiene para el pueblo
la discriminación por ideología política.
El Informe de
Auditoría señala que 31 empleados municipales, despedidos injustificadamente
por razones políticas por el ex alcalde Carlos Rodríguez Mateo, llevaron sus
casos a los tribunales, y finalmente llegaron a un acuerdo con la actual
administración en el cual el Municipio desembolsó $169,000.00.
Es una triste
realidad la práctica de las administraciones municipales en Salinas de despedir
o remover de sus puestos a empleados y empleadas, y colocarlos en posiciones
con menos responsabilidades, simplemente porque no pertenecen al partido del
alcalde o alcaldesa entrante.
Por ejemplo, tiempo
después de las elecciones del 2000, el entrante alcalde Abraham López Martínez
fue acusado de persecución política en una demanda que sometieron 34 ex
empleados del Municipio, según reseñara el periódico El Regional.
El 10 de
septiembre de 2010, el Nuevo Día publicó la noticia de que un juez determinó
que hubo discrimen político contra tres ex empleados populares, los cuales
fueron dejados sin trabajo, tan pronto llegó a la administración municipal de
Salinas el ex alcalde Carlos Rodríguez Mateo.
En el 2013, se
presentó en el Tribunal Federal una demanda contra la alcaldesa popular,
Karilyn Bonilla Colón, por alegado discrimen político, donde empleados aseguraban
que fueron removidos de sus puestos o despedidos por pertenecer al Partido
Nuevo Progresista (PNP).
Efecto económico y social
Aunque el
desenlace de cada demanda pudo ser distinta (adjudicada, transada o
desestimada), existe una realidad irrefutable: el discrimen hacia hermanos y
hermanas por sus ideales políticos sigue latente. Y ha tenido un costo
económico para el pueblo, porque en realidad la persona que cometió el acto
ilegal discriminatorio, no paga la decisión judicial o los acuerdos a los que
se llegan. El dinero sale de los fondos públicos.
Además, el efecto
familiar, el resentimiento y la división que causa el discrimen político, en
este caso en el área laboral, permanece por mucho tiempo en el corazón de las
personas, y afecta el buen funcionamiento de cualquier administración.
Cualquier
propuesta de las personas que aspiramos a dirigir las riendas municipales, debe
partir de un compromiso serio de eliminar el discrimen por ideología política,
tratar a los trabajadores y trabajadoras municipales de forma equitativa,
cumplir con las leyes que les protegen, mejorar su ambiente de trabajo y que
tengan una compensación justa por la labor que realizan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario